Los días 29 y 30 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, sustanciará audiencias que investigan las violaciones  al debido proceso por parte del estado de Chile en contra de 8 comuneros mapuche condenados bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista.

El caso denominado Caso Norin y Catrimán y Otros (Lonkos, Dirigentes y Activistas del Pueblo Indígena Mapuche / v/s Chile, fue presentado por la Comisión de Derechos Humanos en agosto de 2011; y se refiere a las condenas resultantes de tres juicios que incluyeron la figura de los cuestionados testigos protegidos.

El primero de ellos fue el proceso judicial en el que fueron condenados, en doble juicio, el fallecido lonko Pascual Pichún y su par Aniceto Norín. A ambos se les imputó el delito de amenazas terroristas en contra del ex ministro de Agricultura del Presidente Patricio Aylwin y ex presidente del Tribunal Constitucional, Juan Agustín Figueroa. Ambos líderes mapuche fueron sentenciados a 5 años y un día de presidio.

El segundo caso es el incendio del fundo Poluco Pidenco de propiedad de forestal Mininco. Por esta causa, en 2004 fueron condenados 11 comuneros mapuche por el delito de incendio terrorista y sentenciados a una pena de 10 años y un día. Cinco de ellos son parte de los denunciantes. 

Destaca el caso del integrante de la comunidad José Guiñón de Ercilla, Jaime Marileo Saravia, quien permanece con medidas cautelas, entre ellas el de arresto domiciliario nocturno, luego que, nuevamente, fuera imputado por la Fiscalía de Collipulli. Es por esta razón que el próximo 20 de mayo, en el Juzgado de Garantía de esta ciudad, se desarrollará una audiencia donde Marileo espera lograr autorización para viajar a San José.

El último denunciante es el dirigente Víctor Ancalaf, que en 2004 fue condenadoa 5 años de cárcel, también bajo la Ley Antiterrorista, por incendio en el Alto Bío Bío en 2001, en el marco de la oposición pehuenche a la central hidroeléctrica Ralco.

Actores

Entre los testigos de los comuneros destacan expertos en derecho internacional y observadores de DDHH, mientras que el gobierno propuso como testigo, entre otros, al abogado Juan Domingo Acosta, socio del senador Alberto Espina y redactor del polémico proyecto de Ley sobre Orden Público, también conocida como Ley Hinzpeter”, quien declarará sobre “su participación” en las modificaciones de la Ley Antiterrorista en Chile y su proceso de adecuación con estándares internacionales.